Christian Nodal está en el centro de una disputa legal tras la cancelación de conciertos en Colombia y Venezuela, ambos gestionados por Alive Productions, que ahora reclama un pago de 2.5 millones de dólares por incumplimiento contractual.
Jaime González, padre y representante legal de Nodal, declaró que la cancelación del concierto en Venezuela obedeció al temor de que las Visas americanas de su equipo fueran revocadas.
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Según González, recibieron un correo electrónico de las autoridades estadounidenses advirtiendo que, si ingresaban a Venezuela, las Visas serían anuladas, lo que afectaría gravemente la carrera del artista, quien realiza entre 30 y 50 presentaciones anuales en Estados Unidos.
Esta advertencia está en línea con las políticas de Estados Unidos hacia Venezuela, derivadas de tensiones diplomáticas.
Washington ha sancionado económicamente al gobierno venezolano y, en algunos casos, ha emitido restricciones a artistas que se presentan en el país, considerando que esto podría interpretarse como apoyo implícito al régimen venezolano.
Pruebas del promotor y contradicciones
Alan Acosta indicó que la fecha en Venezuela fue publicitada en la cuenta oficial de Instagram de Nodal, y presentó un audio donde supuestamente el padre del cantante pedía justificar la cancelación alegando razones de seguridad para evitar conflictos con el promotor local.
Acosta también señaló que la situación es comparable a la presentación de Alejandro Fernández en Venezuela, donde se especuló sobre consecuencias similares, pero el artista cumplió con su compromiso sin repercusiones en su Visa americana.
La demanda por Colombia y el contexto legal
La cancelación en Venezuela se suma a un concierto incumplido en Colombia en 2022, por el cual Alive Productions ya había demandado a Nodal.
Estas acciones legales no solo buscan la recuperación económica, sino que también resaltan la importancia de la transparencia y el cumplimiento de contratos en la industria del entretenimiento.